¡INACEPTABLE!: Represión contra estudiantes sigue impune un año después

Decenas de estudiantes y vecinos de Alta Vista resultaron agredidos por los uniformados de la Guardia NacionalFotos Archivo

Hace un año desde que el arrojo y el carácter ciudadano de los estudiantes de Guayana, en pleno ejercicio de su derecho a la manifestación pacífica, presionaron al gobierno con tal vehemencia que este sucumbió y recurrió al uso de la fuerza para reprimir a los universitarios.

Hace un año desde que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), amparados en órdenes de sus superiores, se sirvieron del amedrentamiento, tanquetas, gases lacrimógenos y otras formas de fuerza física para reprimir a los manifestantes que hasta ese momento tomaban los espacios de la Plaza Monumento CVG, en Alta Vista, de forma permanente. Hoy, a un año y un día después de aquellos acontecimientos, el Estado sigue sin castigar a los responsables de esta violación de Derechos Humanos (DD HH).

Lo ocurrido en febrero del año pasado en Puerto Ordaz es solo una versión a escala de la realidad nacional, que según el informe “Venezuela 2014: Protestas y derechos humanos”, presentado por nueve organizaciones defensoras de DD HH, el 93,35% de las manifestaciones fueron de carácter pacífico y, que 34,05% de ellas fueron reprimidas. Esto según la muestra tomada en siete estados del país (Distrito Capital, Lara, Táchira, Mérida, Carabobo y Zulia), donde se incluye Bolívar.

El coordinador de la comisión de DD HH del Colegio de Abogados en el estado Bolívar, Luis Manuel Guevara, recuerda que hasta el momento no ha habido respuesta de la Fiscalía Superior del estado Bolívar a las solicitudes formuladas sobre este tipo de atropellos. La justicia, al igual que la ciudadanía, sigue a la espera. 

Entre las lecciones aprendidas de un movimiento estudiantil que retoma su lucha en las calles, ahora con una dirección de mayor madurez en busca de un cambio en el Gobierno, destaca el evitar la confrontación y enfrentamientos no solo con adeptos al oficialismo, sino con organismos de seguridad del Estado.

Este 16 de febrero se cumplió un año de la primera represión de la que fueron víctima los estudiantes que permanecían en vigilia en la Plaza Monumento CVG en Alta Vista, como parte de su protesta en contra del Gobierno. Fue entre las 3:00 y las 4:00 de la mañana cuando las sirenas de las patrullas y tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) alertaron a los vecinos de los apartamentos aledaños, quienes respondieron tocando cacerolas en rechazo al amedrentamiento de los funcionarios.

El coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del estado Bolívar, Luis Manuel Guevara, afirma que a la fecha no se ha tenido respuesta por parte del Ministerio Público por las denuncias sobre violación de garantías fundamentales.

Aunque los jóvenes no respondieron con violencia, optaron por resistirse al llamado de la Guardia al exigirles que desalojaran la plaza; acto seguido, los uniformados lanzaron bombas lacrimógenas obligando a los manifestantes a replegarse y buscar refugio, pues según los testimonios, no les bastó con desalojarlos sino que fueron perseguidos y agredidos mientras huían de la represión.

Incluso, fue tal la violación en el proceder de los funcionarios quienes sin más arremetieron contra los edificios donde muchos estudiantes se resguardaron, ayudados por algunos residentes, ocasionando daños en varios apartamentos. Vecinos denunciaron el hecho, recordando la vida de niños y adultos mayores que corrían peligro al verse afectados por los gases lacrimógenos.

A partir de esa fecha, aunque el movimiento estudiantil mantuvo su llamado a la manifestación pacífica, una nueva represión trajo como consecuencia que la protesta tomara otro rumbo; esta vez con el choque de fuerzas entre manifestantes con colectivos armados y cuerpos de seguridad del Estado.

Agresiones
De acuerdo con el informe “Venezuela 2014: Protestas y derechos humanos”, presentado por nueve organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DD HH), precisa que “el 93,35% de las manifestaciones fueron de carácter pacífico y el 34,05% fueron reprimidas”, según la muestra tomada en siete estados del país (Distrito Capital, Lara, Táchira, Bolívar, Mérida, Carabobo y Zulia).

Sobre el uso de la fuerza excesiva para controlar manifestaciones, el informe registró entre febrero y mayo un total de 854 heridos y lesionados, de los cuales 138 fueron heridas de bala y 330 causadas por perdigones. 157 casos de torturas y malos tratos se registraron al cierre del estudio, la mayoría se suscitaron al momento de las detenciones.

En su retorno a la calle, estudiantes han optado por no responder a las provocaciones del sector oficial

Impunidad
Luis Manuel Guevara, coordinador de la comisión de DD HH del Colegio de Abogados en el estado Bolívar, señala que aún se espera una respuesta por parte del Ministerio Público, precisando que “los diferentes tribunales de Puerto Ordaz oficiaron a la Fiscalía Superior del estado Bolívar, a los fines de que realizara las investigaciones pertinentes en contra de funcionarios que hayan cometido cualquier tipo de vulneración de derechos humanos, pero no ha habido ninguna respuesta efectiva”.

Puntualizó que entre 10 y 15 casos puntuales en la región deberían estar siendo investigados por la Fiscalía del Ministerio Público, recordando que los delitos en materia de DD HH no prescriben. “Lo importante es que la persona que sea víctima formule su denuncia y haga el seguimiento, no solo con la Fiscalía sino con la Defensoría del Pueblo”, como entes encargados, acotó.

Si bien reconoce que en casos de derechos fundamentales la Fiscalía ha cumplido con sus funciones, la impunidad se mantiene no solo para los casos de las protestas de 2014, sino otras violaciones de DD HH registradas años atrás.

“Ha habido un cambio constante de fiscales de esas dependencias, y puede hacer que el seguimiento que le está haciendo un fiscal a un caso pierda interés”, agregó Guevara.

Uno de los casos más resaltantes que apunta el abogado, y que aún se mantiene, es el del Instituto Nacional de Atención al Menor (INAM), cuando el 30 de junio de 2005 en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Monseñor Juan José Bernal, fallecieron calcinados cinco internos. “Fueron acusados tres custodios, pero hasta el momento no ha habido una respuesta efectiva por parte del Estado, y después de casi 10 años no hay una sentencia firme”.

A un año de las protestas de febrero de 2014, la ONG Amnistía Internacional también hizo referencia a la impunidad hacia las víctimas, tanto para los agredidos y torturados como para quienes fallecieron.

“Las autoridades venezolanas deben hacer justicia para reparar estas graves violaciones de derechos humanos, y afirmar de forma inequívoca, que las personas son libres de expresar sus opiniones, aunque sean críticas al gobierno, sin temor a perder la vida o la libertad. Es vital que las fuerzas de seguridad reciban órdenes claras del ejecutivo de que las protestas están permitidas y que la fuerza sólo puede emplearse de forma proporcional y diferenciada cuando sea estrictamente necesario y nunca contra manifestantes pacíficos”, concluye el comunicado de Amnistía.
_______________________________________________________________________________

Lucha no violenta

En esta nueva etapa de la protesta de calle, pese a la Resolución 8610 y las provocaciones de grupos oficialistas, los estudiantes han respondido con un “no a la confrontación”, entendiendo de su experiencia que de morder el anzuelo perderían nuevamente el norte para los objetivos planteados.

Recientemente a través de un comunicado, los consejeros de Extensión de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)-Guayana, destacaron que “parte de la ciudadanía reconoce la postura y madurez de este movimiento sujeto a rectificaciones y mejoramientos, observamos el interés para participar de una gran cantidad de jóvenes quienes acompañaron no solo a la UCAB, sino también a todas las universidades con quienes participamos para demostrar que el mensaje por una Venezuela reconciliada es el objetivo del movimiento estudiantil y juvenil en el estado Bolívar”.

Sobre las provocaciones por parte del Movimiento Estudiantil Revolucionario Socialista Unido de Venezuela (Mersuv) mientras desarrollaban su marcha el pasado 12 de febrero, recalcaron que “afortunadamente fuimos capaces los jóvenes de entender que la lucha no violenta es más efectiva, tal y como se demuestra históricamente para todo el movimiento estudiantil ucabista de Guayana; debemos generar diálogo para alcanzar la reconciliación nacional, compromiso que hemos asumido con responsabilidad, a nuestros compañeros los instamos a seguir avanzando”.